PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONES GUBERNAMENTALES
Las ramas más comunes en materia de sanciones administrativas sobre los cuales nuestra Consultoría tiene amplia experiencia son:
- Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- Operación de Establecimientos Mercantiles.
- Regulaciones sanitarias
- Regulaciones de Protección al Consumidor.
- Multas derivadas de la operación de Autotransporte Urbano y Federal.
- Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y autorización del Estado a los particulares para impartir Educación.
Las sanciones administrativas se pueden originar por todo tipo de circunstancias no previstas por los ciudadanos que desempeñan una actividad sujeta a regulación gubernamental, tal como el desempeño de servidores públicos, el funcionamiento y operación de establecimientos mercantiles, la administración de condominios, la prestación de servicios concesionados o sujetos a autorización del Estado como transporte, educación, salud, seguridad privada, administración de espacios públicos, etc. Así como todas las actividades sujetas a protección al consumidor.
Nuestro servicio de impugnación de sanciones administrativas puede presumir de haber obtenido una resolución favorable en el 100% de los casos presentados a los Tribunales. Sin embargo, como todo en el ámbito jurídico, es más redituable prevenir que solucionar, por lo que, en todo momento, al estar desempeñando una actividad económica sujeta a regulación gubernamental, es imprescindible tener todos los avisos, permisos, licencias, concesiones y autorizaciones en orden y cumplir con la mayor diligencia posible el servicio desempeñado, previendo con claridad toda la normatividad que rige la operación cotidiana.
Para ello, nuestros abogados especialistas en Derecho Administrativo le proporcionarán todas las herramientas jurídicas necesarias para obtener los documentos legales necesarios para desempeñar la actividad regulada y cumplir con todos los requisitos para su operación. No obstante, hay ocasiones que las sanciones se derivan de cuestiones extralegales o de la falta de conocimiento de los servidores públicos en las verificaciones que llevan a cabo. Por ello, nuestra Consultoría está a la vanguardia en la defensa de los derechos de los gobernados y de su facultad de someter a revisión los actos arbitrarios de las autoridades gubernamentales, a través de los recursos de revisión ante la propia autoridad resolutora o ante los tribunales administrativos que siempre están expeditos a evaluar la legalidad de las actuaciones de las autoridades en perjuicio de los particulares, legalidad que en gran parte de las ocasiones deja mucho que desear por desconocimiento o negligencia de los funcionarios que dirigen las áreas competentes dentro de las dependencias reguladoras.
